La institución provincial repartirá 600.000 euros entre los consostorios de la provincia para su distribución entre las personas más necesitadas
El 91% de los ayuntamientos de la provincia de Albacete se han adherido a la convocatoria de la Diputación de ayudas contra la pobreza y la exclusión social, dotada con un presupuesto de 600.000 euros. Así lo avanzaron en la mañana de este jueves el presidente de la institución provincial, Santiago Cabañero, y la diputada provincial de Servicios Sociales, Nieves García Piqueras, quienes manifestaron su «satisfacción» por el «ëxito» de esta iniciativa, que surge de la Mesa Social creada en la Diputación.
Cabañero recordó que la resolución de esta orden se produce un año después del anuncio en su discurso de investidura de que se destinaría el 0,7% del presupuesto ordinario a personas y familias que se encuentren en situación de precariedad o pobreza, y explicó que con ese objetivo se puso en marcha dicha Mesa Social, en la que están presentes todos los grupo políticos representados en la institución provincial, sindicatos, técnicos de los servicios sociales de Diputación y Junta, sindicatos y colectivos sociales.
De las reuniones de la mesa social salió una cifra que el presidente calificó como «dramática y alarmante»: que hasta 140.000 personas de la provincia podrían encontrarse ya en situación de pobreza o en riesgo de exclusión. «Esto requería urgencia de actuaciones y así las emprendimos», añadió el presidente, quien detalló que la fórmula «más efectiva» y de «menor burocracia» para repartir el presupuesto consignado a las ayudas era la de hacerlo a través de los ayuntamientos «porque son ellos las administraciones más cercanas a los vecinos y vecinas y los que conocen las situaciones más difíciles».
Así se inició un proceso de adhesión municipal que culminó el pasado 30 de julio, y el 91% de los consistorios harán pública en sus municipios la existencia de estas ayudas, dirigidas entre otras cosas a sufragar gastos de alimentación básica e higiene personal, de vestido o calzado, de uso y suministros de la vivienda en el caso de aviso de corte, de ropa básica del hogar, de pañales, de gastos farmacéuticos no atendidos por el sistema público de salud o de pago de recibos de IBI, siempre que supongan lanzamiento de la vivienda habitual. No obstante, la diputada del área especificó que los gastos subvencionables «podrían ser ampliados con otros que a juicio de los servicios sociales del Ayuntamiento supongan causa de exclusión social». Serán precisamente los técnicos de los servicios sociales municipales los encargados de realizar los informes correspondientes para la posterior resolución de las ayudas.
García Piqueras estimó que en el próximo mes de septiembre el dinero comprometido por la institución provincial estará en los ayuntamientos para su distribución posterior entre los solicitantes.
