LA CLAUSURA DEL VIII CURSO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DONDE A PARTICIPADO EL SUBINSPECTOR JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE HELLIN

El director general de Protección Ciudadana ha resaltado la labor como garantes de los Derechos Humanos de los profesionales de la seguridad. El curso, de una duración de más de 200 horas, ha contado con la presencia de un alumno becado por el Gobierno regional.



El director general de Protección Ciudadana de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, Pascual Martínez Cuesta, ha presidido el acto de clausura del VII Curso Superior de Dirección y Coordinación de la Seguridad Pública, organizado por El Instituto Universitario de Investigación de la Fundación Ortega y Gasset y que se ha celebrado esta semana en Madrid.

Durante su intervención, Martínez Cuesta ha destacado la labor de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, haciendo hincapié en la labor de garantes de los Derechos Humanos de los profesionales de la seguridad. Asimismo, el director general de Protección Ciudadana ha incidido en la cooperación de las diferentes administraciones en aras de la protección de la ciudadanía; en este sentido Martínez Cuesta ha recordado que “la seguridad no tiene fronteras, ni geográficas ni administrativas”.

En esta edición, participaron un total de 20 alumnos, y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha becado al jefe de la Policía Local de Hellín (Albacete), Miguel Ángel Córcoles, para la realización de este curso. De este modo, se pone patente la preocupación del Ejecutivo de José María Barreda en la preparación y formación de calidad de los profesionales de la región. El resto de participantes procedían del Ministerio del Interior, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Mossos D’Esquadra.

Este curso ha tenido una duración de 212 horas y entre sus objetivos se encuentra el producir una formación especializada y profesional para cuadros superiores de los tres niveles de gobierno –estatal, autonómico y local- implicados en la definición y gestión de políticas de seguridad pública, que contribuya de forma efectiva a fomentar la integración, cooperación, coordinación, eficacia y eficiencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad.