EL GOBIERNO DE CABAÑERO HA DESTINADO EN 2022 MÁS DE 43.500.000 € A POLÍTICAS ACTIVAS FRENTE A LA DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

La Diputación de Albacete dirigió 43.523.120 € de sus ‘Presupuestos 2022’ a medidas a iniciativas que, directamente, la Diputación impulsó en las Zonas Escasamente Pobladas o en Riesgo de Despoblación del territorio albacetense. Cifra, al margen del capítulo I (que, de incluirse, incrementaría la proporción presupuestaria invertida a más del 50% de las cuentas provinciales).



Así lo ha explicado el propio presidente tras firmar, con el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico, José Luis Martínez Guijarro, el Protocolo por el que los gobiernos de la Diputación de Albacete y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforman una ‘Agenda Común’ para trabajar de la mano, y de forma coordinada, en materia de Reto Demográfico y frente al fenómeno de la despoblación del medio rural.

De esta forma, la institución provincial se adhiere ‘de facto’ a algo que, como ha explicado Cabañero, ya viene apoyando mucho más allá del acuerdo hoy rubricado: la Estrategia Regional frente a la Despoblación (ERD). Todo, con el objetivo de “seguir trabajando desde ese enfoque transversal que entendemos que es el único posible para las múltiples dimensiones que afectan al reto de la despoblación y que lo determinan”, ha señalado.

Y es que, como han explicado, a ambas partes las mueve el deseo de trabajar para garantizar, cada día un más y un poco mejor, el acceso de los vecinos y vecinas a los servicios públicos y a las infraestructuras básicas en los municipios rurales, adoptando medidas que contribuyan a su desarrollo y que favorezcan el asentamiento y la fijación de población. Un ‘reto’ en el que, como siempre defiende Santi Cabañero, “el trabajo desde la concertación entre administraciones, es clave”.

Y especialmente lo es, ha reseñado, el Ejecutivo castellano-manchego: “referente en España y en Europa” a la hora de abordar el Reto Demográfico, a través de la Ley pionera 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de la que, precisamente, parte la Estrategia a la que este lunes se ha sumado oficialmente la Diputación de Albacete y que, con una vigencia de 10 años (con revisiones cada 4), aspira a desarrollar del modo más eficaz posible sus 210 medidas.

Cabañero subraya la apuesta de su equipo de gobierno por la discriminación positiva hacia las localidades menores

Como ha relatado Cabañero, fruto de este Protocolo, el gobierno de la Diputación de Albacete se compromete a dos cuestiones que ha calificado de “cruciales” y que, ha subrayado, la institución que preside “viene poniendo en práctica desde hace tiempo”:

De un lado, “incorporar la dimensión demográfica en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas adecuadas a la realidad de cada zona del medio rural que – ha puntualizado -, no es ni mucho menos igual en toda su extensión”. De otro lado, a incorporar en sus bases y convocatorias de ayudas y subvenciones, criterios de incentivación positiva y medidas de apoyo específico para Zonas Escasamente Pobladas (ZEP) y en Riesgo de Despoblación (ZRD). Y esto es, como ha insistido, algo intrínseco a la acción de su gobierno provincial desde el primer día.

En este sentido, Santi Cabañero ha elogiado también el compromiso del gobierno de C-LM que, con la Ley de Acompañamiento a sus Presupuestos 2023, ha mejorado su propia ‘hoja de ruta’ para corregir situaciones que podían suponer “agravios injustos” para la población de ciertas zonas.

En C-LM hay 26 áreas rurales afectadas por la despoblación, de las que 5 están en la provincia de Albacete clasificadas como Zonas Escasamente Pobladas: 2 son Zonas de Intensa Despoblación (AB-2 y AB-3); y, las otras 3, de Extrema Despoblación. Las forman unos 73 municipios que suponen cerca del 84% de la población.

En el marco de esta ‘Agenda Común’ orientada al cumplimiento de la Estrategia regional con el fin de “ser más certeros y eficaces impulsando y haciendo llegar las medidas”, el gobierno provincial de Albacete tiene recogidas todas las políticas activas que puso en marcha frente a la despoblación en sus Presupuestos 2022 (cantidades que, en todo caso, se verán incrementadas con las cuentas de este año cuando se proceda a su clasificación, como ha avanzado Cabañero.

Más de 43.500.000 € en “políticas concretas y tangibles” frente la Despoblación

Así, ha insistido, fueron más de cuarenta y tres millones y medio de euros los que la Diputación de Albacete destinó a “políticas concretas, tangibles”, que ya llegaron a alguna de las localidades de la provincia de Albacete incluidas en las Zonas Escasamente Pobladas y Zonas en Riesgo de Despoblación, y dentro de las diferentes áreas analizadas.

Así, como ha detallado Cabañero, 11.762.993 € se invirtieron en el ámbito de los Servicios Públicos, con medidas destinadas a garantizar: el acceso a la sanidad pública; a la educación pública; a los servicios sociales y al transporte.

2.222.991 € se orientaron al ámbito económico, dentro de las líneas delimitadas para: diversificar la actividad económica (turismo, economía social, artesanía, comercio…); fomentar el empleo, especialmente, en personas y colectivos con baja inserción; impulsar la promoción económica y empresarial y la financiación de su actividad; modernizar el sector agrícola, ganadero y forestal; y fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación.

Al ámbito social destinó en ZEP y ZRD, dedicó un total 2.332.280 €, atendiendo líneas dirigidas a: – conciliar la vida personal, familiar y laboral; mejorar la inclusión social; promocionar la cultura y el ocio responsable; mejorar la atención a las personas consumidoras; facilitar el acceso a los servicios bancarios y financieros y sensibilizar sobre el cambio demográfico y sus implicaciones.

Y 27.204.857 € fue la importante cifra dirigida al ámbito territorial, respondiendo a líneas como: cooperar con las entidades locales para la ordenación urbanística; garantizar la accesibilidad por carretera a las zonas despobladas; fomentar las energías renovables; garantizar el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas; y potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.














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