Presenta un Recurso de Reposición contra la última modificación del proyecto de remodelación de la pedanía para defender los derechos de la ciudadanía de contar con unos servicios municipales de calidad y que cumplan con las actuales normativas.

El concejal Carlos Díaz comparecía ante los medios de comunicación en la mañana de este jueves para dar a conocer a la opinión pública detalles sobre el Recurso de Reposición que se ha interpuesto por parte del Grupo Municipal Socialista frente al acuerdo plenario del 7 de noviembre, por el que se aprobó con los votos a favor del Partido Popular y Vox, la modificación del “Proyecto y Ejecución de las Obras de Remodelación Integral de Infraestructuras en la pedanía de Nava de Campaña” y que ha supuesto, entre los modificados del proyecto, la eliminación del alumbrado público planeado originalmente.

Como parte del inicio de su intervención, recordaba Díaz que este proyecto fue licitado por importe de 3 millones de euros y supone la mayor inversión proyectada en la historia de nuestras pedanías con fondos propios de nuestro Ayuntamiento. Un proyecto liderado, impulsado y planificado por el anterior gobierno socialista con Ramón García como alcalde. Proyecto que en su momento ya fue objeto de modificación para aumentar su partida y afrontar la mejora y sustitución de la red de abastecimiento de agua potable.

Asímismo hacía referencia al hecho de que, en el trámite de exposición pública del proyecto ningún partido político ni la propia Asociación de Vecinos de la pedanía, presentaban alegación alguna al respecto del trazado y la anchura de los viales proyectados por el arquitecto y director de la obra. Fue posteriormente, una vez iniciadas las obras, cuando por parte de algunos vecinos y vecinas, alentados por VOX y Partido Popular, se recibieron críticas relativas a esos dos apartados.

El anterior gobierno quiso dar solución a las cuestiones planteadas por algunos vecinos, produciéndose numerosas reuniones para tal efecto con el ánimo de escuchar y ofrecer alternativas a todas las reivindicaciones, siempre dentro de la legalidad.

Según Carlos Díaz, “ahora, cuando la obra está en su mayoría ejecutada, el actual gobierno del Partido Popular ha aprobado junto con los votos de los concejales de Vox, un modificado del proyecto que supone deshacer parte de lo ya construído, ampliar los viales y estrechar el acerado para disminuir los parterres de las zonas verdes aledañas a las viviendas, un elemento singular del urbanismo de este núcleo de población construido en su tiempo como pueblo de colonización”.

“Para colmo – continuaba Díaz – para satisfacer esta cuestión no menor sobre si algunas vías deben o no ser más anchas en detrimento del acerado, han procedido a eliminar por completo una de las partidas más importantes, como es la sustitución del alumbrado público, y toto ello sin disminuir el coste de la obra en un expediente “express” carente de los informes necesarios que justifiquen o motiven una modificación del proyecto y con la obra ya ejecutada en más de dos tercios”.

En base a estos argumentos, el concejal del principal grupo de la oposición explicó los detalles del Recurso presentado, cuyo objeto es la restitución de la legalidad en una actuación que a todas luces contraviene la Ley de Contratos del Sector Público.

De manera tajante señaló la especial responsabilidad que tienen los concejales de la Corporación a la hora de velar para que las actuaciones que se llevan a cabo se ajusten a la norma y anunció que, de ser desestimado el Recurso, el PSOE seguirá por la vía judicial para reclamar y exigir las responsabilidades que sean procedentes a los concejales e intervinientes en esta actuación que se considera ilegal y que pone a los ciudadanos de Nava Campaña como si fueran vecinos “de segunda” eliminando el alumbrado público que se entendía necesario para llevar a cabo el Plan Integral de Remodelación de Infraestructuras de la pedanía.

Concluía la comparecencia remarcando que “un proyecto de esta envergadura, que va a suponer una inversión en Nava Campaña de más de tres millones de euros, debe quedar al margen de la política. Debe ser objeto de una gestión técnica sin injerencias; la anchura de las aceras no tiene ideología, debe cumplir las normas urbanísticas y de criterio de los técnicos, que han de respetarse aun cuando pueda ser objeto de críticas en un momento dado. El gobierno del PP no puede minorar los servicios a los que tienen derecho todos los vecinos para satisfacer a algunos críticos. La sustitución del alumbrado público es necesaria, y no se debe hacer a través de una modificación sin los informes necesarios y sin la motivación o justificación que exige la Ley”.