El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, se ha reunido con el alcalde de La Gineta, José Sánchez; la alcaldesa de Barrax, Josefina Navarrete; y el concejal de Economía y Hacienda de La Roda, Alberto Iglesias, para abordar la problemática derivada de la posible instalación de un vertedero de amianto en el término municipal de Albacete, en un punto muy próximo a estas tres localidades.
La institución provincial, que viene trabajando junto a los ayuntamientos afectados para defender sus intereses y los de sus vecinos y vecinas, ha elaborado a través de su personal técnico un completo documento de alegaciones para oponerse a este proyecto. Incorporando las propuestas de todas las partes, este informe se ha puesto a disposición de La Gineta, Barrax y La Roda, reforzando el asesoramiento jurídico y técnico que la Diputación les presta en todo momento.
Valera ha explicado que el encuentro ha servido para analizar esas alegaciones, que alertan del gran impacto ambiental, social y en salud pública que podría tener la instalación. “Se trata de una planta de unas dimensiones importantes —se estima que con 14 vasos de vertido, cada uno equivalente a un campo de fútbol— cuya ubicación, pese a situarse administrativamente en Albacete capital, afecta de forma directa por cercanía a estos tres municipios”, ha señalado.
En paralelo, el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, también se ha reunido estos días con representantes de colectivos ciudadanos que vienen mostrando su preocupación ante la posible instalación del vertedero, trasladándoles Gómez la posición “rotundamente contraria” del Gobierno Provincial así como el respaldo total a las reivindicaciones vecinales.
Principales argumentos contra el proyecto
El documento de alegaciones preparado por la Diputación detalla numerosos motivos por los que esta planta no debería construirse. En primer lugar, advierte del grave riesgo ambiental que supondría su ubicación, ya que el lugar escogido se encuentra dentro de un espacio de gran valor para la biodiversidad, donde habitan especies de aves esteparias amenazadas. También recuerda que el terreno está clasificado como de uso agrícola y que, según el planeamiento urbanístico, no permite la instalación de infraestructuras de residuos peligrosos.
Además, subraya que el principio de proximidad, que exige gestionar los residuos lo más cerca posible de donde se generan, no se cumpliría en este caso. La propia documentación del promotor reconoce que llegarían restos de otras comunidades autónomas, incluyendo los de sectores que ni siquiera existen en la provincia, como pueden ser los de la industria naval o las centrales nucleares.
A esto se suma el riesgo para la salud pública y la seguridad vial, ya que el tráfico de camiones cargados con amianto atravesaría zonas habitadas y carreteras locales, con el consiguiente peligro para la población. El informe también pone de relieve la falta de información clara y precisa en el proyecto, señalando importantes lagunas y contradicciones, así como la ausencia de estudios completos sobre fauna, aguas subterráneas, contaminación del aire o gestión segura de los residuos.
En definitiva, las conclusiones técnicas y jurídicas apuntan a que se trata de un proyecto con serias implicaciones para el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de miles de personas, sin que exista una justificación sólida que avale su instalación en la provincia.
Defensa de los intereses de la provincia
El vicepresidente de la Diputación de Albacete ha reiterado que la institución mantendrá su apoyo institucional, técnico y jurídico a las localidades afectadas durante todo el procedimiento, con el objetivo de salvaguardar la salud, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía, así como de preservar los valores ambientales del territorio.
Valera ha señalado que el Gobierno Provincial está con los pueblos, defendiendo su derecho a decidir sobre proyectos que pueden condicionar su futuro y el del conjunto de la provincia, especialmente, en torno a casos como éste donde la prudencia, la salud pública y la protección ambiental deben prevalecer sobre cualquier otro interés.
