Cualquier forma de maltrato y de violencia ejercida contra las mujeres es una violación inaceptable de los derechos humanos en una sociedad comprometida con la igualdad y la dignidad. Es además una de las violaciones más extendidas y difíciles de combatir porque ataca a las mujeres por el solo hecho de serlo, sin distinción de raza, lugar de nacimiento, edad o condición social.

Como recuerda la ONU en su campaña para este año, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su compañero sentimental. Solo un 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre sus relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Casi 750 millones de mujeres y niñas hoy se casaron antes de cumplir los 18 años y al menos 200 millones han sufrido mutilación genital femenina. Una de cada dos mujeres asesinadas en 2017 lo fueron por su compañero sentimental o un miembro de su familia (en el caso de los hombres la proporción fue de uno de cada 20). El 71% de las víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y niñas y 3 de cada 4 son utilizadas con fines de explotación sexual. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres tan grave como el cáncer, y repercute en su salud más que los accidentes de tráfico o la malaria juntos.

No hay mayor, ni más cobarde, expresión de desigualdad que la violencia de género.  En lo que llevamos de año en España han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas 51 mujeres, más que en todo el año pasado, dejando 43 menores huérfanos. Tan solo una de cada cinco había denunciado previamente a su agresor lo que hace extremadamente difícil protegerlas. En menos de dos décadas, desde que hay registros, estamos hablando de 1.027 mujeres asesinadas, tal es la magnitud del problema con el que nos enfrentamos.

La violencia de género existe en nuestro país y quienes lo niegan o pretenden diluirla en otros tipos de violencia en el entorno familiar de muy distinta naturaleza e igualmente reprobables, hacen un flaco favor a las víctimas.

Todas esas violencias encuentran su correspondiente sanción en el Código Penal de acuerdo con su gravedad, pero no todas responden a las mismas causas, plantean la misma problemática social ni requieren el mismo tipo de respuesta por parte de los poderes del Estado, como han reconocido por su parte, tanto el Tribunal Constitucional (STC 59/2008), como el Tribunal Supremo (STS 3757/2018 y 1177/2009).

En España hemos dado pasos muy importantes para combatir esta lacra y mejorar la protección de las víctimas desde la aprobación de la Orden de Protección (LO 27/2203 de 31 de julio), pasando por la ley integral de 2004, la reforma de más de una decena de leyes entre los años 2013 y 2015 o la aprobación  del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017.  Este gran esfuerzo colectivo que involucra a todas las administraciones, al Poder legislativo, el Judicial y la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las organizaciones sociales especializadas en violencia de género, los medios de comunicación y la sociedad española en su conjunto, en torno a un amplio conjunto de medidas y un importante esfuerzo presupuestario, representa sin lugar a dudas el mayor compromiso que puede hacer una sociedad comprometida contra la violencia de género.

El mensaje más importante a las víctimas es el de que hay salida a la violencia de género. Según las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres lo logran gracias a que España cuenta hoy con uno de los sistemas de protección más avanzados del mundo con unos elevados estándares de trasparencia y capacidad de respuesta y un amplio compromiso político y social. Un consenso cuya vigencia defendemos y demandamos a todos los partidos políticos para que sean las víctimas y en ningún caso los planteamientos ideológicos de nadie, los que prevalezcan en la defensa de una causa que es justa y que nos hace mejores como sociedad.

Por todo ello coincidiendo con el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres manifestamos:

1.- Manifestar nuestra más absoluta repulsa a la violencia de género como la más brutal muestra de la desigualdad entre hombres  y mujeres, declarando con firmeza que no daremos ni un paso atrás en esta lucha, en la prevención y en el tratamiento y la reparación a las víctimas.

2.- Mantener nuestro firme compromiso desde la Administración Local  para poner todos los medios y recursos existentes, así como los de que en un futuro se pudieran disponer, a fin de  dispensar protección y  asistencia integral e interdisciplinar a todas las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.

3.- Mantener  la colaboración con la Administración Educativa para llevar a cabo campañas municipales para la prevención en violencia machista y el fomento de la igualdad de género sin discriminación alguna en las aulas

4.- Promover la igualdad salarial efectiva instando a las Asociaciones de Empresarios y a las empresas individualmente consideradas a que está igualdad sea real bajo el lema “A igual trabajo-igual salario”

5.-Asumir el compromiso de todos los grupos  de la utilización de un lenguaje inclusivo en sus comunicaciones e intervenciones y demás acciones,  evitando aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas.

6.-Instar a todos los departamentos del Ayuntamiento,  y en especial a los medios de comunicación de titularidad municipal, y a los que actúan en nuestro territorio a la utilización del lenguaje inclusivo en los mismos términos  del párrafo anterior.

7.-La lucha contra la violencia de género  no es una cuestión de ideologías, es una realidad social con la que convivimos y que debemos combatir unidos. Por eso rechazamos cualquier utilización partidista de una cuestión que nos debería unir a todos en torno a las víctimas.

8.-Exigimos el efectivo cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género por parte de todas las administraciones implicadas así como la inmediata reactivación de la Comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados para hacer el seguimiento del pacto con la periodicidad que necesita un acuerdo de estas características.

9.-Y declaramos que mientras haya una sola víctima de violencia de género, la prioridad ha de ser mejorar su protección y la respuesta que ofrecemos desde los poderes públicos.