El Psoe de Albacete denuncia públicamente trato discriminatorio por parte del Gobierno Central y de la CHS hacia los regantes de la provincia.

El secretario de la Agrupación Local de Albacete y diputado regional, Emilio Saéz y el vicesecretario de la ejecutiva provincial y delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda, respectivamente, han explicitado hoy las razones por las cuales el pasado 26 de abril se aprobó en las Cortes regionales una resolución en la que se exigía al Gobierno Central  la inmediata paralización de las obras y extracciones de pozos de sequía en la cuenca alta del Segura, salvo en verdadera situación de emergencia donde, ni desaladoras ni recursos embalsados,  basten para garantizar el suministro urbano.

Manuel Miranda afirmó que la puesta en marcha de los pozos en la cuenca alta del Segura supone esquilmar los recursos subterráneos de esta zona  en la provincia de Albacete y que afectan a un total de 32 municipios.

El representante socialista denunció un trato absolutamente discriminatorio por parte del Gobierno y de la Confederación Hidrográfica del Segura, ya que mientras se permiten derivaciones a comunidades de regantes en las zona de Alicante y Murcia, en Albacete, hay comunidades como las del Rincón del Moro en Hellín, la SAT Macoca o la SAT de Albatana que sufren recortes en sus concesiones de agua.

Miranda también aclaró que la oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha y de los socialistas a estos pozos de sequía se derivan de la falta en estos sondeos de la declaración de impacto ambiental, poniendo como ejemplo los pozos de sequía del acuífero del Molar, cuyo acuífero está en Albacete,  y que a pesar de tener un informe desfavorable y estar declarado sobreexplotado,  durante los años 2015. 2016, y 2017 se ha extraído por la CHS un volumen de 15hm3 año, lo que supone aumentar la sobrexplotación de dicho acuífero.

Por otra parte también denunció la falta de transparencia por parte del organismo de cuenca, ya que aunque la justificación para la apertura de pozos de sequía es el uso para el abastecimiento urbano, también se contempla para usos de regadíos, acusando al Gobierno Central de un trato discriminatorio,  porque Albacete lleva años sufriendo los efectos de la sequía y no se ha invertido ni un euro en esta zona para paliar esta situación en la provincia.

En este sentido recordó que la provincia de Albacete supone en la demarcación de la cuenca del Segura el 25% del territorio y muchos de sus regadíos están infradotados con concesiones por debajo de los 2000 hm3/ha, lo que supone que Albacete recibe un 8% menos del total del agua gastada en la cuenca con la gravedad que se ubican estos déficits en municipios con graves problemas de despoblación.

Por último Miranda recordó que a pesar de esta situación de sequía, “las desaladoras del Levante siguen sin funcionar al 100% después de una inversión superior a los 600 millones de euros que hemos pagado todos los españoles” y mientras tanto el Gobierno sigue proponiendo la apertura de pozos de sequía -que en la mayoría de los casos no cuentan con los informes favorables de impacto ambiental, ni con el Gobierno de Castilla-La Mancha- además de calificar de “tomadura de pelo” que mientras la CHS reduce las restricciones a los regantes de aguas superficiales, alegando que la cuenca ha dejado de estar en situación de emergencia, el Gobierno acuerde en Consejo de Ministros  seguir adelante con la puesta en marcha de los pozos de sequía.

Por su parte el diputado regional, Emilio Saéz recordó que en la resolución aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha, que contó con el voto favorable de PODEMOS y el voto en contra del PP,  se aprobó instar al Gobierno de España a la  inmediata paralización de las obras y extracciones de pozos de sequía en la cuenca alta del Segura, salvo en verdadera situación de emergencia, donde, ni desaladoras, ni recursos embalsados basten para garantizar el suministro urbano; a realizar infraestructuras de sequía de la cuenca del Segura de la provincia de Albacete, en igualdad de condiciones al resto de la cuenca del Segura, garantizando así, el acceso al agua a todos los usuarios de la cuenca, independientemente de su comunidad autónoma; a que se realice una profunda modificación de los Planes Especiales de Sequía para incorporar un enfoque más preventivo, de antelación a los episodios de sequía y de protección del recurso y que a la CHS  realice una mejor «redistribución del  agua de la cuenca del Rio Segura, para que tengan acceso los agricultores de la provincia de Albacete en igualdad de trato con los agricultores de otros territorios.

Saéz afirmó que en estos momentos hay funcionando ya siete pozos de sequía pero que la previsión es que entren en funcionamiento otros 24, lo que supone jugar con las reservas de futuro de agua en la cuenca alta del Segura y señaló que si la situación en los pantanos de cabecera del Tajo es mala, en la cabecera del Segura en Albacete es igual de mala o peor.

Por otra parte acusó al PP de no defender los intereses de los regantes de Albacete y de actuar de forma bochornosa en las Cortes de Castilla-La Mancha votando en contra de la resolución y “exigiendo al Gobierno de Emiliano García-Page lo que debe exigir al Gobierno central puesto que suyas son las competencias”.

Como ejemplo de estas contradicciones el diputado regional se refirió a la petición del PP para que el Gobierno regional aumente la representación de los regantes en los órganos de la Confederación del Segura, que aumente las dotaciones de agua para cultivos leñosos, revisar las declaraciones de sobreexplotación o garantizar unas reservas mínimas en los pantanos de la cabecera del Segura.

Los socialistas -dijo- vamos a explicar claramente a los regantes y a los agricultores de Albacete y de Castilla-La Mancha, quiénes son los que realmente defienden sus intereses y quienes son los que les mienten.