La propuesta naranja supone la aprobación de un compromiso ético que exija la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que no cumpla el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición.
Mario Artesero ha justificado la iniciativa para “garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten, o cometan cualquier tipo de irregularidad asociada a su proceso o a su orden”.
La medida viene precedida por los recientes escándalos que han salpicado a distintos ediles y cargos públicos que, presuntamente abusando de sus cargos, han sido vacunados en esta primera fase de vacunación, limitada exclusivamente a residentes y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.
“Estas situaciones han sido posibles por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación” ha declarado Artesero, quien ha denunciado que el uso de vacunas en estas personas en este momento de escasez de estas, “implica que haya personal sanitario en contacto diario con el virus, enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se hayan quedado sin recibir una de las dosis que le son más necesarias para su salud”.
