Con demasiada frecuencia, cualquier tendencia social o económica suele ser utilizada por algunas personas como una forma de negocio o una vía por los que obtener unos ingresos extras, que además perjudica con ello el interés general del resto de vecinos y del municipio, y en ocasiones bordeando, cuando no incumpliendo directamente, la legalidad establecida.
Es una percepción generalizada que Hellín se está convirtiendo en una ciudad dormitorio, un nicho de infravivienda creciente al amparo del aumento de la vivienda barata y la escasa oferta de esta, sobre todo en el casco antiguo, lo que propicia la aparición de nuevas formas de negocio, bien con el alquiler de viviendas ocupadas, el uso denominado “viviendas pateras”, o bien con la inscripción de habitantes en el Padrón Municipal.
La inscripción en el padrón municipal de habitantes es una obligación para cualquier persona residente en España además de un derecho esencial de todo ciudadano, que permite el acceso a otros derechos como tarjeta sanitaria, educación, becas de comedor… También es un registro administrativo con el que los Ayuntamientos reflejan de forma fiel y actualizada la realidad poblacional de su territorio, una herramienta estadística fundamental para la prestación de servicios y la gestión pública.
Es una sospecha que alberga este Grupo Municipal desde hace tiempo, que se está dando en Hellín lo que ya ocurre de manera probada en otras ciudades de España, que no es otra cosa que debido a la presión migratoria descontrolada, la obligatoriedad de quedar reflejado en el Padrón Municipal y la necesidad del interesado de que así sea, tanto para acceder a prestaciones públicas como para justificar la residencia en territorio nacional en un hipotético proceso de regularización, surjan desaprensivos que se presten a permitir el empadronamiento de forma falsaria de ciudadanos principalmente extranjeros en viviendas del municipio, cobrando varios cientos de euros por un trámite que es gratuito.
Urge, según nuestro criterio, que esperamos comparta el resto de la Corporación, adoptar medidas, dotando al Ayuntamiento de vías para perseguir y sancionar este tipo de conductas ilícitas, como ha hecho la Ciudad Autónoma de Ceuta, creando una Ordenanza específica para evitar, en la medida de las posibilidades, el fraude en el empadronamiento.
G.M VOX Hellín.
