La empresa BLUBAT PULSAR, S.L. ha resultado adjudicataria del contrato público lanzado por la Diputación de Albacete para el suministro de energía eléctrica a edificios e instalaciones de titularidad pública.

Una iniciativa que beneficiará directamente a 61 ayuntamientos de la provincia, así como a las infraestructuras de la propia Diputación y de algunos de los Organismos Autónomos, Consorcios y entidades que cuentan con su participación.

Este acuerdo, que tiene una duración de un año no prorrogable y una garantía de 24 meses, permitirá a las entidades locales acogidas acceder a un suministro energético más ventajoso, evitando el progresivo incremento de los precios de la electricidad y promoviendo la concurrencia en el mercado libre.

Además, conlleva que la empresa adjudicataria se comprometa a mantener precios fijos durante el periodo contratado y a garantizar el suministro de toda la energía eléctrica incluso en situaciones de alta demanda (ferias, romerías, eventos destacados, etc.), tanto en potencia como en cantidad.

El contrato, dividido en dos lotes —Lote 1 para suministros en Baja Tensión (BT) y Lote 2 para suministros en Alta Tensión (AT)—, se ha firmado con un precio máximo de 3.882.466,83 euros (IVA incluido). BLUBAT PULSAR, S.L. se compromete a garantizar el suministro energético conforme a los consumos del año anterior y teniendo en cuenta la duración del contrato.

Como el propio presidente de la Diputación, Santi Cabañero, subraya al avanzar la decisión del Gobierno Provincial impulsarla, esta iniciativa ha tenido una gran acogida entre los municipios de menos de 5.000 habitantes a los que se ofreció, aprovechando la necesidad de renovar el contrato de suministro eléctrico de la institución para abrir la posibilidad de contratarlo conjuntamente para beneficiar a los ayuntamientos que desearan sumarse.

El 80% de las localidades a las que iba dirigida la medida solicitaban acogerse, lo que se traducirá en la sustitución de unos 1.700 contratos de electricidad. Una decisión estratégica que refuerza el compromiso del Gobierno de la Diputación con una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos, asegurando que cada euro invertido se use de la manera más efectiva posible y velando por la utilización más sostenible y eficaz de la energía en las distintas instalaciones de las Entidades Locales.

Un acuerdo enmarcado en el objetivo global de apoyar y facilitar la gestión local

En cuanto a los 61 ayuntamientos que se han adherido, las cantidades que deberán aportar respecto al total del contrato varían significativamente según sus necesidades: Chinchilla de Montearagón aporta la cifra más alta, con un presupuesto estimado máximo de 438.370 euros (11,29 % del global), mientras que el Ayuntamiento de Ossa de Montiel aportará la menor cantidad: unos 1.070 euros (0,03 % del total contratado).

Por su parte, la Diputación de Albacete contribuirá con el 7,43 % del total del contrato, lo que equivale a 288.400 euros. Y, en lo que respecta a sus Organismos Autónomos, Consorcios y entidades con representación provincial que se han adherido a la iniciativa, las cantidades oscilan entre los 38.190 euros correspondientes a la Institución Ferial de Albacete (IFAB) y los 1.995 euros previstos del Instituto de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’ (IEA).

Este acuerdo se enmarca en un contexto general de apoyo a los municipios de la provincia, especialmente los más pequeños, que enfrentan dificultades en la tramitación de contratos de suministro eléctrico debido a la complejidad de las prescripciones técnicas.

Cabe recordar que el Real Decreto 446/2023 de 13 de junio, establecía limitaciones a partir del 1 de enero de 2024 para la aplicación de la tarifa PVPC, restringiéndola a personas físicas y microempresas. Así, las Administraciones Públicas que tuvieran contrato en vigor bajo esa tarifa, podrían continuar bajo esta modalidad hasta su vencimiento a lo largo de 2024, tras lo cual se les aplicaría de forma automática la tarifa de último recurso, incrementada en un 20%.

Ante ese escenario y las solicitudes de varios ayuntamientos para la encomienda de gestión en este tipo de procedimientos, el Gobierno de la Diputación decidió celebrar un acuerdo marco, conforme al artículo 218 de la LCSP, como sistema de racionalización de la contratación en la provincia de Albacete de forma que pudiera beneficiar a las localidades con menos de 5.000 habitantes. Una decisión que permite aprovechar las economías de escala y garantizar precios fijos y suministro estable durante el periodo del contrato.

Un Gobierno Provincial comprometido con la eficiencia energética y financiera

Es de destacar el riguroso trabajo previo realizado por el personal técnico del Servicio de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Reto Demográfico de la Diputación, encabezado políticamente por el diputado José Antonio Gómez, en constante colaboración con las distintas Entidades Locales implicadas, para la elaboración del pliego de Prescripciones Técnicas. Un esfuerzo conjunto que ha sido clave para asegurar el éxito de esta iniciativa, que promueve no sólo la eficiencia económica, sino un uso más sostenible de la energía.

Este tipo de medidas refuerza el compromiso tangible del Gobierno de la Diputación de Albacete con la eficiencia energética, pero también con la financiera: algo que se está consolidando como uno de los grandes ‘sellos distintivos’ de la acción del equipo de Santi Cabañero, sumado al afán por buscar soluciones conjuntas que sean innovadoras y sostenibles para los ‘desafíos’ comunes que plantea la gestión local.

Una medida ejemplar más allá de la provincia, enmarcada en el objetivo de ser “una institución útil a los ayuntamientos” y de “buscar fórmulas interesantes de apoyo a la gestión local, especialmente, para los más ‘pequeños’”.