La Corporación Provincial ha dado este jueves, en Sesión Plenaria, un importante paso en pro de poner fin y dar seguridad jurídica a un asunto que la Diputación de Albacete viene arrastrando desde que, en octubre 1968, se convirtiera en heredera de Doña Purificación Urrea y Pérez de Ontiveros.
Lo ha hecho con la aprobación, por unanimidad (hecho éste que ha agradecido al conjunto de Grupos Políticos el vicepresidente y portavoz del Equipo de Gobierno, Fran Valera), del inicio de los trámites para dar cumplimiento al Auto dictado en el Procedimiento de Ejecución Provisional de la sentencia de Primera Instancia (de diciembre de 2020) que insta a la Diputación a entregar los bienes de la herencia en favor de la comunidad hereditaria (con el fin de dotar a la Fundación que ésta habrá de crear en un plazo máximo de 10 meses desde que reciba los bienes) y que condena a la institución provincial a pagar 11 millones de € en concepto de los rendimientos que, entre 1968 y 2014, dieron las fincas rústicas incluidas en esa herencia: Las Tiesas, La Casa del Pozo en Valdeganga y San Gregorio en Alpera (las tres, originariamente de secano en su totalidad, transformadas en este tiempo en tierras de regadío).
“Por la importancia del asunto para la institución y por respeto y transparencia a la ciudadanía”, Valera ha explicado con todo detalle en este Pleno que “es voluntad del presidente, en nombre de toda la Corporación, poner fin a este asunto y dar seguridad jurídica a la situación”.
Así, de una parte, ha expuesto cómo, con los oportunos informes de Intervención, se ha solicitado al Juzgado el fraccionamiento de esos citados 11 millones de €, a razón de 1,5 millones de € al año (puntualizando que esa primera suma está ya prevista en el borrador de Presupuestos Provinciales para 2022). “Esa cantidad es la máxima que la Diputación puede aportar sin poner en riesgo la prestación de servicios a los que legalmente está obligada, con especial atención a los que ofrecemos a los municipios de menor población que, de otra forma, carecerían de ellos por completo”, ha subrayado.
Por otra parte, ha indicado que no estando discutida, y por tanto siendo firme, la condena de entrega de los bienes de la herencia (siendo éste el objeto del punto del Orden del Día que ha llevado este asunto al Plenario provincial), ha detallado que se ha procedido a solicitar al Colegio de Notarios la designación de Colegiado para cumplir con dicha entrega y asegurar que, tanto los bienes como esa suma de 11 millones de € en concepto de rendimientos de las fincas rústicas, pasan a formar parte de la Fundación que deberá constituirse para cumplir la voluntad de la testadora: ‘la creación de un hospital que albergara y sanara a los niños pobres y desvalidos’.
Valera subraya el momento procesal del procedimiento
No obstante, Fran Valera ha aludido al momento procesal del procedimiento, dejando claro que se está “ante una Ejecución Provisional de la sentencia” y que hay pendiente de resolución por la Audiencia Provincial un Recurso de Apelación por parte de la Diputación “que, entre otras cosas, rebate la mala fe que la Sentencia atribuye a esta Casa en la posesión de los bienes; una circunstancia que es complicada de sostener cuando la Diputación, con su actuación diligente, ha conseguido que cada millón de pesetas que recibió en 1968, se haya convertido en 166 millones actualmente, únicamente teniendo en cuenta el valor de las fincas de rústica”.
El vicepresidente ha reiterado que la Diputación tiene “todo el interés de solucionar el conflicto, pero con la cautela de saber en qué momento procesal nos encontramos y con el convencimiento de para qué estamos aquí”, motivo por el que la institución da el paso de “cumplir con esa Ejecución Provisional en los términos en los que económicamente proponemos al Juzgado que podemos hacerlo porque, por encima de todo, están los intereses de los municipios y de la población de la provincia de Albacete”, ha concluido.
Esta Ejecución Provisional deriva de la demanda accionada, en 2017, por tres de las herederas de Doña Purificación Urrea, solicitando que la Diputación entregara a la comunidad hereditaria de la testadora el total de los bienes recibidos en concepto de heredera, los frutos y rentas de los mismos que cuantificaban en la cantidad de 22.847.857,22 euros.
Como ha expuesto Fran Valera, en el escrito de contestación a esa demanda, la Diputación no se opone a entregar las fincas en favor de la comunidad hereditaria con el fin de aportarlas a la Fundación que ésta deberá crear; “pero sí discrepa en el pago de frutos y rentas, y mucho más en la cantidad pedida por las actoras, pues habrá de tenerse en cuenta el estado en el que se encontraban las fincas en 1968 (de carácter secano) y cómo están ahora, así como todas las mejoras realizadas por esta Casa en las mismas”.
Un periplo que data de 1968
Doña Purificación Urrea y Pérez de Ontiveros fallece en Albacete, en febrero de 1966, habiendo declarado heredera condicionada de todo su patrimonio a la Orden Religiosa de los Hermanos de San Juan de Dios Arcángel, que tenía cinco años para crear una Fundación que debería poner en marcha “un Hospital que albergara y sanara a los niños pobres y desvalidos”, tal y como recogía el Testamento (que, además, contemplaba que, de no cumplir la Orden con esa condición, perdería su condición de heredera en favor de la Diputación de Albacete que, a su vez, debería crear la Fundación, no en el plazo de cinco años, sino en el menor tiempo posible).
En 1967 la Orden Religiosa renunció a su condición de heredera sin haber creado la Fundación, pasando la Diputación a ser heredera. Exactamente fue el 19 de octubre de 1968 cuando se firmaba la escritura de herencia, siendo presidente de la Diputación Don Antonio Gómez Picazo.
Así, la Diputación asumió todos los bienes muebles e inmuebles de la fallecida, valorados en 29.825.752,20 € (que, tras el pago de diferentes deudas, quedaron en 28.119.217,38 €). Además del ajuar doméstico de la testadora, sus joyas, el dinero en metálico depositado en diferentes cuentas bancarias y acciones, y las tres citadas fincas rústicas (por entonces, totalmente de secano).
Desde entonces, la Diputación ha sido depositaria de los bienes muebles con diligencia, habiendo transformado esas fincas en zonas de regadío. No obstante, y como ha explicado Valera, aunque la propia evolución social de los tiempos hizo ver pronto que no tenía sentido esa voluntad de crear un hospital para niños pobres y desvalidos (puesto que nuestro país disfruta de una sanidad universal y única), sí que la Casa Provincial pretendió cumplir a través de distintas vías con el fondo social del fin planteado por la testadora: por ejemplo, con el Hospital de Las Tiesas (construido en la propia finca) o con la Institución de Beneficencia (la actual Residencia San Vicente de Paúl).
Ya en 1999, Mª Antonia Bleda Urrea, Doña Amparo Falcón Colmenero, Doña Dolores Antonia Falcón Colmenero, Doña Aurora Urrea Rodenas y Doña Gloria Urrea Moreno iniciaron un procedimiento judicial pidiendo la ineficacia de la condición de heredera de la Diputación por incumplimiento del testamento. La Audiencia entendió que quien debía crear el Hospital era la Fundación que la Diputación nunca constituyó, señalando ahí el incumplimiento del testamento y la ineficacia, y declarando la apertura de la sucesión intestada a favor de sus herederos legítimos. Más tarde, en resolución de la oposición presentada por la propia Diputación al Auto de Ejecución, la Audiencia no la condena a devolver la herencia a favor de nadie ni declara la condición de herederas de las demandantes.
Tal y como ha ido relatando con detalle el vicepresidente, desde esa sentencia y hasta el año 2018 han sido declaradas herederas de Doña Purificación Urrea distintas personas tras largos procesos judiciales donde se han discutido entre ellas su condición. Un lapso en el que, en 2013 la Diputación, adquirió la cuota hereditaria de Doña Aurora Urrea Rodenas (y, con ella, los derechos y obligaciones de este heredera); y que, en 2014, vio salir a licitación por parte de la institución provincial la explotación agrícola de las Fincas de Las Tiestas, Casa del Pozo y San Gregorio, con informes periciales cuantificando que el valor de las fincas ascendía a más de 27 millones de € tras su transformación integral a regadío.
