La Consejería de Administraciones Públicas y Justicia aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla La Mancha (PRICAM), publicado en el Diario Oficial de la Región con fecha 19 de mayo de 2010.

En dicha norma básica se dispone que serán objeto de planes especiales, entre otras, las emergencias que puedan derivarse de inundaciones y que estos planes serán elaborados de acuerdo con la correspondiente Directriz Básica que deberá establecer los fundamentos comunes y los requisitos mínimos sobre organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de coordinación que deben reunir dichos planes.

Su objeto es establecer criterios mínimos que habrán de perseguir las distintas administraciones públicas en la confección de los planes especiales de Protección Civil frente a las inundaciones, en el ámbito competencial que a cada una corresponda. Todo ello con la finalidad de prever un sistema que haga posible, en su caso, la coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y administraciones implicadas.

Esta norma situada a siete municipios de la provincia albaceteña en la zona A-1, considerada de riesgo alto frecuente, entre estos municipios se encuentra Hellín.

Dentro de esta categoría se incluyen aquellos lugares donde las avenidas de agua de 50 años producirían graves daños a núcleos urbanos, que serian Albacete, Villarrobledo, Tobarra, La Roda, Caudete, Almansa y Hellín, siendo en toda la región 46 localidades las afectadas.

El Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla La Mancha, analiza los riesgos ante las avenidas de agua e inundaciones, fenómenos naturales que pueden producir daños personales, materiales y en el medio ambiente. Para su elaboración se han evaluado 1.486 núcleos de población de los 919 municipios de la Región.

Los Planes de Emergencia de Presas establecerán la organización de los recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo que puedan comprometer la seguridad de la presa de que se trate, así como mediante los sistemas de información, alerta y alarma que se establezcan, facilitar la puesta en disposición preventiva de los servicios y recursos que hayan de intervenir para la protección de la población en caso de rotura o avería grave de aquella y posibilitar el que la población potencialmente afectada adopte las oportunas medidas de autoprotección.