El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, ha participado en la mesa inaugural del curso de formación ‘Contratación pública para PYMEL’ (pequeñas y medianas entidades locales) impulsado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y coordinado por la Diputación de Albacete.

El Salón de Actos de la institución provincial, acogerá esta formación durante el mes de mayo y en torno a 50 profesionales de la Administración Local, mayoritariamente personal funcionario con habilitación de carácter nacional y personal técnico que desempeñan puestos de trabajo relacionados con la contratación, se han inscrito en esta actividad, cuya finalidad es actualizar los conocimiento en torno a la Ley de Contratos, tras las modificaciones legislativas que ha experimentado en sus últimos años. También se abordará la jurisprudencia que ha analizado sus aspectos más controvertidos, prestando especial atención a su aplicación real y práctica en los municipios más pequeños y con menos personal.

Durante su intervención, Valera ha subrayado el compromiso de la Diputación en materia de formación, apuntando que “con la ambición de querer seguir siendo la primera respuesta a los municipios”, desde la institución se trabaja para contar con un amplio programa de formación “al más alto nivel, como es éste el caso, de la mano del INAP”.

De hecho, ha agradecido al Instituto Nacional de Administración Local, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, este curso, al tiempo que ha tenido palabras de reconocimiento para su coordinador, el secretario general de la Diputación de Albacete, Francisco Suay, apuntando que es un ejemplo de ese “plus de vocación que se necesita para trabajar en las entidades locales”.

Unas palabras con las que también se ha referido al primer ponente, dándole la bienvenida a Albacete. Se trata de José Manuel Martínez, doctor en Derecho y Secretario de Administración local y director del Observatorio de Contratación Pública del Colegio oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

Además, Valera ha explicado que la materia que se aborda en esta formación se trabaja en el día a día de la Diputación. “En la aplicación de la Ley de Contratos la Diputación no es nueva, por el asesoramiento que venimos prestando a los municipios”, ha apuntado el vicepresidente, añadiendo que “desde el primer momento que entró en vigor se ha venido realizando un esfuerzo muy grande, no sólo para aplicarla sino para que aplicarla no resultara complejo”, poniendo en valor el papel que juega la plataforma pública de administración electrónica Sedipualba, “que nos permite cumplir la ley y además hacerlo de manera ágil”.

Asimismo, ha puesto el foco en las entidades locales más pequeñas, advirtiendo que afrontan más dificultades en esta materia que las grandes ciudades, “porque no es igual la manera de contratar, las necesidades son diferentes y la oferta y la demanda también”.

En este sentido, ha destacado el gran trabajo que realiza el Servicio de ATM de la Diputación de Albacete en las cuestiones diarias relativas a la Ley de Contratos.
27 horas formativas

Este curso se extenderá durante 27 horas formativas, los días 17, 20 y 23 de mayo, y estará impartido, junto a José Manuel Martínez, por José Carlos Cobos, director de Área de Fomento y obra pública de la Diputación de Badajoz; Consuelo Rodríguez, secretaria de administración local con habilitación nacional; Manuel José Domingo, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia; y Carmen Martínez, viceinterventora de la Diputación de Cuenca.

Además, se abordarán las siguientes cuestiones: la subsidiariedad de la contratación pública y los objetivos de la contratación pública; especialidades de la gestión contractual de fondos comunitarios. Contratación pública y ODS de la Agenda 2030; actualización en materia de ejecución y modificación de contratos; actualización en materia de resolución, extinción y liquidación de contratos; diferencias entre contrato, convenio y subvención: casos prácticos; las prohibiciones para contratar y los conflictos de intereses en la contratación pública; negocios jurídicos excluidos y acción concertada; y la función interventora en los contratos del sector público. La influencia de los criterios ODS.