La Diputación de Albacete ha sido  la primera en España en constituir  una Mesa de Cooperación con los Grupos de Acción Local para la puesta en marcha de iniciativas de desarrollo rural en la provincia con cargo a los fondos europeos.

Así lo ha manifestado el presidente de la Mancomunidad de Mancha Júcar Centro y alcalde de Alcalá del Júcar,  Pedro Antonio González, en nombre de los seis grupos de Acción Local de la provincia de Albacete, quienes junto con el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, han anunciado esta mañana ante los medios de comunicación esta iniciativa.

El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha explicado que los seis Grupos de Acción Local que constituyen esta Mesa de Cooperación cubren 86 de los 87 municipios de la provincia atendiendo a una población de más de 200.000 habitantes.

Cabañero ha afirmado que “era una necesidad que los Grupos de Acción Local tuvieran una interlocución directa en la programación de sus acciones, y la Diputación como institución provincial quiere y debe jugar ese papel dinamizador y hacerlo sin paternalismos sino de forma horizontal y con una acción coordinada  y  transversal para mejorar y hacer más eficiente los recursos que destinan tanto los promotores públicos como privados a los programas de desarrollo rural”.

La Mesa de Cooperación con los Grupos de Acción Local  tendrá reuniones periódicas como mínimo cada dos meses  y entre sus misiones está servir de espacio de reflexión y trabajo para abordar los principales retos a los que se enfrenta el desarrollo rural como el arraigo de la población en los núcleos rurales y  garantizar los servicios públicos en los pueblos.

Cabañero subrayó que los Grupos de Acción Local son los agentes más idóneos para la aplicación de medidas y programas para el desarrollo rural ya que son los que están más cerca del terreno y mejor conocen la realidad de sus territorios, ya que su composición integra en ellos con más de un 50% a la sociedad civil articulada y en segundo lugar a las administraciones.

Por último precisó que la incorporación de los Grupos de Acción Local a esta Mesa de Cooperación junto con la Diputación supone un gran valor añadido, ya que la institución provincial puede acceder a fondos europeos de los que estos grupos no pueden beneficiarse

En el anuncio de la constitución de esta Mesa de Cooperación han estado presentes los presidentes de los Grupos de Acción Local de Mancha-Júcar Centro, Juan Valdelvira;  Manchuela, Pedro Antonio González;  Campos de  Hellín, Julián Martínez;  Sierra del Segura, Cortes Buendía; Alcaraz y Campos de Montiel, Damián García y Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Javier Rosellló.

Por otra parte Pedro Antonio González, presidente de la Mancomunidad de La Manchuela, explicó que los Grupos de Acción Local, estaban deseosos de que por fin se haya aprobado el Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha por la Unión Europea después de tres años de retraso, lo que permitirá comenzar a seleccionar proyectos para el nuevo plan cuyo horizonte finaliza en el 2023.

En este sentido informó que con cargo al anterior programa los Grupos de Acción Local de Albacete tuvieron acceso a unos fondos por valor de 26 millones de euros, lo que permitió crear 1.200 empleos en toda la provincia y movilizar en inversiones más de 60 millones de euros.

Pedro González en nombre de los presidentes de todos los Grupos de Acción Local, felicitó a Santiago Cabañero por esta iniciativa,  que a su juicio permitirá que la selección de proyectos y reparto de fondos sea más justa, más apropiada y más eficaz por la labor de coordinación que entraña la Mesa y porque estos grupos trabajan con un criterio participativo en sus respectivos territorios y con mesas sectoriales, haciendo partícipes a los beneficiarios.

En cuanto a las prioridades de los programas a seleccionar, González precisó que mientras la participación de los promotores públicos  va enfocada prioritariamente a  garantizar los servicios públicos en los núcleos rurales,  los programas de los promotores privados se orientan a la creación de empleo, lo que supone un mayor arraigo  de la población en los territorios y por tanto un freno al despoblamiento rural.